Por Armando Javier García.
Cada 8 de marzo el mundo vuelve a mirar una realidad incómoda: la desigualdad, la violencia y la discriminación que millones de mujeres siguen enfrentando.
Para algunas, la fecha representa avances logrados durante décadas de lucha. Para otras, es un recordatorio de que esos derechos aún están lejos de consolidarse.
Las movilizaciones no son nuevas. Desde hace años, colectivos y organizaciones han convertido esta fecha en un espacio para exigir seguridad, igualdad y justicia. Y no les falta razón.
A pesar de importantes avances legales en muchas regiones, la realidad para millones de mujeres sigue siendo alarmante.
Un ejemplo extremo ocurre en Irán. En ese país, las mujeres enfrentan restricciones severas en su vida cotidiana. Según diversos informes internacionales, una mujer puede ser detenida o castigada por no cumplir con normas obligatorias de vestimenta impuestas por el Estado.
En 2022, la muerte de Mahsa Amini tras ser arrestada por la llamada “policía de la moral” provocó protestas masivas dentro y fuera del país y reabrió el debate global sobre los derechos de las mujeres bajo regímenes autoritarios.
En algunas partes del mundo, ser mujer todavía significa vivir bajo reglas legales que limitan libertades básicas.
Pero el debate global sobre los derechos de las mujeres también enfrenta otra tensión menos visible.
La política internacional.
No son pocas las ocasiones en que gobiernos que se presentan como defensores de causas sociales dentro de sus fronteras evitan cuestionar a regímenes aliados que mantienen políticas profundamente restrictivas hacia las mujeres. Esa contradicción no pasa desapercibida.
Al mismo tiempo, en varios países ha comenzado otro debate complejo: el de la legislación construida a partir de identidades o colectivos específicos.
Durante décadas, las democracias modernas se edificaron sobre un principio central: la igualdad ante la ley. Es decir, que todos los ciudadanos deben ser protegidos por los mismos derechos y juzgados por sus actos, no por su condición.
Sin embargo, en México en los últimos años han empezado a diseñar normas dirigidas a proteger grupos específicos frente a situaciones de vulnerabilidad.
El dilema aparece cuando la legislación deja de centrarse en la conducta y comienza a enfocarse exclusivamente en la identidad.
Ese debate moral crece cada vez más en distintos países.
No es una discusión sencilla.
Porque el desafío sigue siendo el mismo que inspiró las grandes luchas por la igualdad: construir sociedades donde nadie sea discriminado por su condición, pero donde tampoco se pierda el principio esencial de la justicia.
Que todos sean iguales ante la ley.
Si la política sigue convirtiendo las causas sociales en herramientas de narrativa, el riesgo es evidente.
La lucha por la igualdad pierde claridad.
Y la justicia pierde su sentido original.
